PC creará una aplicación para denunciar el uso de fondos públicos en la campaña | AlMomento.net

SANTO DOMINGO.- El coordinador general de Participación Ciudadana no cree que el proyecto de ley de fideicomiso público que se discute en el Congreso Nacional sea un subterfugio del actual gobierno para privatizar bienes públicos, como alegan los partidos de oposición.

Joseph Abreu dice que la entidad cívica apartidista ha discutido el tema en las diferentes comisiones y en su cabildo, y dicho alegato es un debate falso y una distracción, porque el proyecto de ley tal como está planteado no permite la privatización. elementos pertenecen al Estado, tales como el Fideicomisario, el director ejecutivo, el fideicomitente y los fideicomisarios, cuando el fideicomiso se disuelva, también pertenecerá al Estado.

Explicó que, además, el Comité Técnico que generó muchos debates, su composición, estará conformado principalmente por funcionarios públicos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA que se transmite todos los domingos por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Abreu sí expresó su preocupación por el hecho de que la cifra esté siendo utilizada para hacer inversión pública sin los controles que implica. implica este tipo de iniciativas ejecutadas por el Estado dominicano, y el uso de bienes públicos.

Agregó que estos controles están establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, en la Ley de Crédito Público, en la Ley de Información Pública, porque el proyecto de ley pretende señalar que el endeudamiento no constituye deuda pública a menos que el Estado así lo garantice, pero, sin embargo, el se compromete patrimonio fideicomitido que es patrimonio público.

“Entonces es un espejismo decir que está súper regulado, no hay súper regulado, y eso es lo que nos ha causado preocupación, que se esté utilizando la figura para hacer inversión pública sin los controles de la ley”, advirtió el dirigente. de la sociedad civil.

Abreu dijo que “también nos preocupa que el proyecto de ley proponga que la contratación de personal se haga en el marco del Código del Trabajo, y no bajo los criterios de la Ley de la Función Pública, principalmente en personal que, obviamente, no es empleado público”. .

“Y, obviamente, sabemos a qué se presta, que la inversión pública, las compras, la contratación de personas, de servicios, fuera de la Ley de Compras, y la contratación de empleo en el marco privado, y la contratación de deudas públicas sin los controles de la Ley de Crédito Público” , señaló.

Argumentó que también se incluyen las disposiciones que van a ser reglamentadas por la Contraloría y la Cámara de Cuentas, pero eso también es una especie de espejismo porque cuando esas instituciones van a regular esta forma de inversión pública, a menos que encuentren una flagrante robo, no podrán hacer nada porque tienen que estar enmarcados dentro de las disposiciones establecidas por la ley.

“Y, si ese marco legal no prevé sanciones, no contempla un procedimiento estricto de aplicación, entonces no tienen un marco sobre el cual regular, porque cuando llega la Contraloría a un sitio, verifica si cumpliste en el marco de la Ley de la Función Pública, la contratación, pero si esta ley no cumple con eso, entonces qué va a regular”, cuestionó Abreu.

Sobre las implicaciones de la Ley sobre el aumento de la deuda pública, “el coordinador de Participación Ciudadana dijo que está de acuerdo con la posición del Centro Regional de Estrategias Económicas Sustentables (CREES) en el sentido de que, si un fideicomiso con una inversión pública controlada Por el Estado dominicano, se ve mal, las calificadoras de riesgo le van a dar una mala calificación al Estado, porque es el que tiene esa confianza controlada”.